Mendoza, La defensa del agua

Tras las masivas movilizaciones en Mendoza contra las modificaciones a la Ley 7722, con las que se habilitaba el uso de diversas sustancias tóxicas en la megaminería, el Gobierno provincial convocó a una sesión legislativa extraordinaria para dar marcha atrás con la decisión. La reacción social unió a múltiples sectores en defensa del agua, en una provincia que atraviesa su mayor sequía en la última década.

Por Vanina Lombardi

Agencia TSS – Mendoza suele ser reconocida a nivel mundial por el Malbec y sus buenos vinos, blancos y tintos. Sin embargo, durante el cierre de 2019 fue noticia por el intento del Gobierno provincial de modificar la Ley 7722, guardiana del agua. La decisión generó tanto malestar que derivó en una movilización popular para defender este recurso, que se ha vuelto escaso en esta provincia que atraviesa la peor sequía de su historia desde hace diez años.

La mañana del 24 de diciembre, tras una manifestación histórica en Mendoza que culminó en una violenta represión, se conoció la publicación de la Ley 9.209 del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, que modificaba varios artículos de la emblemática Ley 7722. La norma había sido sancionada en el año 2007 gracias a la presión del pueblo autoconvocado y cuya constitucionalidad había sido ratificada por la Corte Suprema mendocina en el año 2015, tras haber sido atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad.

Con la nueva legislación se habilitaba el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas necesarias para desarrollar minería a gran escala a cielo abierto, una práctica que necesita de grandes cantidades de agua y que podría tener efectos contaminantes en ríos, como sucedió en San Juan. La norma también hacía referencia a una zonificación dentro de la provincia, como si la naturaleza comprendiera los límites políticos, administrativos o departamentalizaciones. El malestar fue tan grande y la reacción tan masiva que en menos de una semana el gobernador provincial Rodolfo Suarez (Pro) se vio obligado a convocar a una sesión extraordinaria para vetar la denominada “ley cianuro” y volver a restituir la Ley 7722 en su totalidad.

Con la nueva legislación se habilitaba el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas necesarias para desarrollar minería a gran escala a cielo abierto.

Las reacciones contra la modificación surgieron desde los sectores más diversos. Investigadores del CONICET que trabajan en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) habían emitido un comunicado advirtiendo sobre los riesgos ambientales de la megaminería y oponiéndose a las modificaciones planteadas, que apenas duraron poco más de una semana. Hasta las reinas de la Vendimia habían prometido suspender la Fiesta de la Vendimia de este año si no se volvía atrás con la medida.

“La 7722 fue el límite”, dijo María Teresa (Guni) Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes, que forma parte de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP), que tienen presencia en casi todos los departamentos de la provincia. “En Luján de Cuyo ganó el Pro y al principio éramos pocos los vecinos que manifestábamos, pero en estos últimos días se sumó casi todo el pueblo para defender el agua, el ambiente y otro modo de vida, porque la minería transforma la sociedad”, ejemplificó Cañas, que hoy es docente en transición hacia la producción agroecológica.

Federico Soria, de la Asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata, se quedó apoyando el corte del paso transfronterizo en pos de visibilizar las preocupaciones de un pueblo que hace diez años está atraviesa la peor sequía de la historia provincial, fenómeno que algunos especialistas consideran que “llegó para quedarse”, y se manifiesta en el caudal de los ríos de la provincia, que hoy se encuentra reducido en un 50%. “Algunos productores solo pueden regar una o dos meses al mes y en las grandes ciudades hay escasez de agua, hay barrios que sufren cortes periódicos”, dijo Soria.

Según el asambleísta, desde 1995 vienen presentado proyectos que promuevan la conservación de la naturaleza y el uso sustentable de los bienes naturales en la provincia. “Más de 250.000 hectáreas que rodean a Uspallata podrían ser útiles para desarrollar el turismo y hoy se destinan al entrenamiento militar. Por allí pasa el Qhapaq Ñan, el Camino del Inca que fue declarado patrimonio de la humanidad y es sometido a la destrucción dentro de un campo militar”.

Las reacciones contra la modificación surgieron desde los sectores más diversos.

Se estima que que en Mendoza más del 45% de las tierras provinciales con derecho a riego se encuentran improductivas, mientras que una gran cantidad de familias de la agricultura familiar son arrendatarias y tienen muchas dificultades para producir. “Tenemos varias propuestas para diversificar la matriz productiva de la provincia. Hemos planteado que podría acercarse al autoabastecimiento de carne haciendo engorde de terneros bajo riego en el marco de la agricultura familiar, ya que en Mendoza hay mucha cría de ganado bovino que se traslada a otras provincias para hacer engorde, y hay muy buenas experiencias, incluso agroecológicas, de engorde bajo riego”, ejemplificó Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI). Mendoza es la segunda productora de ganado caprino del país, después de Neuquén, con más de 5000 familias que se dedican a esa actividad, pero adonde casi no se consume ese tipo de carne.

“También hemos hecho propuestas de sistematización del agua y reservorios comunitarios de irrigación. Hay mucho por hacer y discutir en torno al agua, no solo para riego. En Lavalle, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso al agua potable. No es que la ley 7722 resuelva todos los problemas del agua, pero es un piso conseguido en 2007 y queremos ir hacia adelante”, sostuvo el productor y aclara que como productores no solo se oponen a la megaminería sino también a la agroindustria extractivista: “Hay un sector del agronegocio que critica la minería, pero sus prácticas también contaminan el agua y no hacen un uso eficiente de ella”, advirtió.

El agua no se vende

Tras la aprobación de las modificaciones a la Ley 7722, el viernes 20 de diciembre, alrededor de 100.000 mendocinos y mendocinas caminaron durante más de 24 horas a lo largo de cien kilómetros, en una caravana que se inició el 22 de diciembre en Eugenio Bustos y fue aumentando su caudal de manifestantes a medida que pasaba bajo el sol de Tunuyán, Zapata, Ugarteche, Luján de Cuyo y Paso Maipú, hasta llegar a la capital provincial. El objetivo: pedirle al gobernador Rodolfo Suárez que vetara el proyecto de ley.

Tras la aprobación de las modificaciones a la Ley 7722, el viernes 20 de diciembre, alrededor de 100.000 mendocinos y mendocinas caminaron durante más de 24 horas a lo largo de cien kilómetros.

En otros puntos del país también hubo movilizarse en cortes, acampes y manifestaciones, que incluso se extendieron y se replicaron en todo el país, en lugares como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y, particularmente, en Chubut, adonde también están en estado de alerta tras la tentativa de modificar la Ley 5001, que hoy impide la megaminería en esa provincia, la más antigua contra esa práctica en el país, que fue sancionada en el año 2003 gracias a las luchas socioambientales que se produjeron por entonces en Esquel.

El 23 de diciembre, familias enteras esperaban que el gobernador hablara y que sus preocupaciones y reclamos fueran escuchados. Sin embargo, la respuesta a lo que se considera la marcha “más multitudinaria” en la historia mendocina fueron palos, balas de goma y una violenta represión que culminó con heridos y una veintena de detenidos, entre ellos dos abogadas de organizaciones ambientales.

“Veo policías de civil que están arrastrando a unos chicos y les voy a sacar una foto. De repente, una policía avanza hacia nosotras, me agarra del cuello y me corre para atrás. Le dije que era abogada, que no podía ejercer esa violencia y me responde, como con cierto grado de complicidad: ´quedate tranquila que estamos de tu lado´. Pero yo seguí insistiendo, porque la estrategia es incitar a la violencia, hay mucha gente infiltrada”, recuerda Florencia Alderisi, abogada asesora de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI), que estuvo detenida por intentar registrar la violencia con que la policía trataba de liberar una plaza que estaba más vallada que de costumbre. “Hemos sido aprendidas para legitimar la violencia, porque no hay ninguna persona que esté imputada por un delito. Les molestaba que estuviéramos ahí”, dijo.

Un día después, el 24 de diciembre, la Ley 9209, que modificaba la Ley 7722, era publicada en el Boletín Oficial. La noticia hizo que el río de mendocinos y mendocinas rebalsara su cauce: las manifestaciones en contra de la medida se multiplicaron por todo el país e incluso cruzaron del otro lado de la Cordillera. La presión llevó a que el 30 de diciembre la Legislatura de Mendoza, en una sesión especial, diera marcha atrás en la medida.

“La potencia de la sociedad en movimiento”, lo describió la socióloga Maristella Svampa, similar a las movilizaciones de mujeres contra el patriarcado y en favor del aborto legal, “que ante la imposición de la clase política decidió tomar a su cargo la defensa de un bien común” como es el agua.

Fuente Agencia TSS.

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